Comunicación
Social

Las personas que se encuentran privadas de la libertad en un centro penitenciario, debido a que cometieron o se les acusa de haber cometido algún delito o infracción a la ley, gozan de los mismos derechos humanos que el resto de la población. El hecho de que algunos de sus derechos (como la libertad) estén restringidos no significa que dejen de ser sujetos de derechos.[1]

Ahora bien, bajo esta premisa, el género femenino, se ha visto considerablemente permeado en su esfera social al momento de salir de un centro penitenciario, claro, ello no quiere decir que el género masculino, no se encuentre bajo este mismo supuesto, sin embargo, la dificultad para una mujer al momento de buscar su reinserción, se torna aún más difícil, pues pese a los señalamientos que pudiesen serles atribuibles en sus antecedentes, el peso de ser cabezas de familia o único sustento para sus hijos, en muchas ocasiones las obliga volver a reincidir.

Y es que, si de maternidad dentro de un centro reclusión hablamos, podemos identificar el peso que tiene la mujer respecto con los hijos, pues mientras los varones, -dependiendo el caso-, dejan a sus hijos con otras personas, las mujeres tienden dejarlos a otras figuras femeninas o bien, permanecen con ellas dentro del plazo permitido por la ley, lo que en consecuencia, para el caso de quienes salen con sus hijos, sin contar con el apoyo de absolutamente nadie afuera, se encuentran ante el rechazo en todas sus dimensiones.

Tan solo en el Estado de México, de acuerdo con registros realizados en 2024, existen 2,129 mujeres privadas de su libertad, siendo la entidad con mayor población penitenciaria femenil, identificándose, además, dentro de este número, la mayoría era cabeza de familia; por lo que estos datos dejan entrever la dificultad a la que se enfrentan una vez compurgada su pena, pues el rechazo y estigma social –principales factores- de su aislamiento, repercuten en más de una esfera de sus derechos humanos.

De lo anterior, puede identificarse claramente como el mancillamiento perpetuado hacia este sector ha sido tan tajante, que llana y sencillamente aun y cuando su deseo sea el cambio, el mismo sistema no les permite allegarse de los elementos más básicos para su reinserción, teniendo que recurrir a otros mecanismos para en el caso de las madres, poder continuar alimentando a sus hijos, siendo esto último,  una necesidad básica que cubrir, dejando de lado y por completo temas como educación, vivienda etc.

Ante dicha situación el Partido Verde, ha analizado cuidadosamente esta situación, planteando como mecanismo para combatir esta brecha incentivos fiscales otorgados a las empresas para que quienes contraten a mujeres bajo este esquema, puedan beneficiarse, por lo que en este sentido sería un “ganar, ganar”, ayudando de esta manera a que este sector de mujeres pueda lograr su reinserción.

Este artículo, pretende exponer un problema que nos ha perseguido por décadas, siendo un tema invisibilizado y poco comentado, pues únicamente se ha puesto sobre la mesa la dificultad de la reinserción en general, olvidando por completo las particularidades que enfrenta el sector femenino, por lo que, exponer en esta plataforma, dicha situación, nos invita al cambio, no solo para quienes imparten justicia a efecto de que juzguen con perspectiva de género, sino para la ciudadanía en general, para dejar de lado los prejuicios y transitar hacia la inclusión.

[1] Consultable en el siguiente link: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463923701.pdf