Comunicación
Social

Una de las características del Estado moderno, es la organización e independencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nuestra sociedad continúa evolucionando y con ella sus instituciones de gobierno y del Estado. La ruta hacia la consolidación democrática no tiene regreso y la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, es su rumbo con carácter inviolable e imprescriptible.

Entre los indicadores que dan cuenta de la calidad de las democracias[1] a nivel mundial se encuentran: a) La existencia de procesos electorales y plurales, para la elección de los integrantes de sus poderes Ejecutivo y Legislativo; b) la transparencia y rendición de cuentas en el funcionamiento del gobierno; c) la participación política ciudadana; d) la cultura política; y, e) el respeto a los derechos civiles y humanos (Latinobarómetro, 2024).

En este entorno y bajo el fundamento del ejercicio de gobierno soberano, la reforma al Poder Judicial tanto a nivel federal (15 de septiembre de 2024) como en el Estado de México (6 de enero de 2025), ha dispuesto la elección popular de sus integrantes el próximo 1º de junio. Se presupone que con esta reforma los tres poderes del Estado sean el resultado de la soberanía popular, a través de la emisión de su sufragio.

La organización de este proceso electoral ha sido novedosa, laboriosa, innovadora; en suma, un reto a la creatividad y adaptación con base en la experiencia en la organización de procesos electorales. De suyo, un desafío para las instituciones responsables de organizar procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

En el caso del IEEM, se han cumplido a cabalidad cada una de las acciones establecidas en el Programa Anual de Actividades, particularmente en lo relativo al “Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México”. En estos días, destacan dos momentos fundamentales del proceso. El primero se refiere a la disponibilidad del sitio electrónico Conóceles, a través del cual se proporciona información básica para ahondar en el conocimiento y análisis sobre cada una de las candidaturas, su formación académica, su experiencia profesional y sus propuestas para la impartición de justicia. El segundo, es el relativo a la capacitación de coordinaciones de organización quienes replicarán los contenidos relativos a las funciones y tareas que llevarán a cabo las figuras que intervienen en la sesión de seguimiento a la Jornada Electoral y Cómputos; asimismo, se habilitará al funcionariado de los Consejos Distritales.

Esta elección, de forma significativa se pondrá a prueba a la ciudadanía en su sentido de compromiso para la elección informada y consciente de quienes serán los próximos integrantes del Poder Judicial en nuestra entidad. Para lograr este objetivo ciudadano, dos preguntas han sido recurrentes: ¿a quiénes integrantes del Poder Judicial Local se podrá elegir? y ¿de qué forma se podrá plasmar nuestro voto?

En primera instancia, el 1º de junio podremos elegir a los siguientes integrantes del Poder Judicial en el Estado de México, a través del siguiente procedimiento.

1. a) Ubicar la Casilla en la cual nos corresponderá votar, a través de identificar su sección electoral.
2. b) Llegar a la casilla e identificarse con su Credencial para Votar.
3. c) Recibir cuatro boletas para votar por los distintos cargos del Poder Judicial Local, las cuales distinguiremos por color. Cada color corresponde a un cargo y se describen a continuación.
4. d) La boleta de color rosa nos permitirá elegir a la Presidenta o Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En esta boleta sólo de deberá anotar el número de la candidatura de tu preferencia.
5. e) La boleta color azul, la cual permitirá elegir a 5 personas Magistradas o Magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial. Aquí se podrá anotar los números que correspondan a tres candidatas mujeres y dos candidatos hombres, de tu elección.
6. f) La siguiente boleta será de color verde, y mediante ella se podrá elegir a tres Magistradas y tres Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en las materias civil (1 mujer y 1 hombre), familiar (1 mujer y 1 hombre) y penal (1 mujer y 1 hombre).
7. g) Por último, nos entregarán una boleta color amarillo, mediante la cual se elegirá a cinco juezas y cinco jueces en las materias civil, familiar, laboral, penal, y mixto.

Adicionalmente, los mexiquenses podremos elegir cargos para el poder Judicial Federal, ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación; magistraturas de la sala superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; magistraturas de Circuito y jueces y juezas de Distrito.

Similar a una elección de cargos al poder Ejecutivo o Legislativo, también le colocarán líquido indeleble en el pulgar derecho y marcarán su Credencial para Votar.

Para finalizar, tendremos que depositar las 3 o 4 boletas de las elecciones locales y 6 boletas de las elecciones federales, en una sola urna -de acuerdo con el distrito donde resida el votante-.

La jornada electoral concluye a las 18:00 horas y si existiesen ciudadanos en fila, concluirá hasta que el último de ellos deposite su voto.

El modelo de democracia y participación ciudadana, que en nuestro país y entidad federativa se ha construido, da cuenta de la fortaleza de las instituciones que lo integran.

[1] Calidad de la democracia es un concepto complejo que no tiene un consenso básico; por el contrario, se ha construido desde diversos entramados epistémicos.

La participación ciudadana es un pilar fundamental de los procesos electorales, que fortalece la legitimidad de las instituciones y promueve el ejercicio de los derechos políticos. El modelo de democracia y participación ciudadana, que en nuestro país y entidad federativa se ha venido construyendo, da cuenta de la credibilidad en las instituciones responsables de organizar procesos electorales, además de sumar experiencias en favor de la calidad democrática cuya fortaleza es la participación consciente de las y los ciudadanos mexiquenses.

La evolución de la estructura social y sus instituciones de gobierno representa un continuum, cuyo principal reto es modernizarse a través de su rediseño en el marco de la consolidación democrática, salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, los cuales son inviolables e imprescriptibles.

En este entorno, la reforma al Poder Judicial tanto a nivel federal, como en el Estado de México, ha dispuesto la elección popular de sus integrantes el próximo 1º de junio. La trascendencia de esta reforma estriba en que, a partir de este momento fundacional, los tres poderes del Estado se integrarán como resultado del ejercicio del sufragio ciudadano, conservando su soberanía e independencia.

Considerando que este proceso electoral será una elección donde la ciudadanía elegirá a las y los ciudadanos que reúnen el perfil profesional en el ámbito jurídico cuya labor será impartir justicia, el reto es aún mayor, pues las instituciones responsables de organizar y calificar los resultados, las y los aspirantes a ocupar uno de los cargos en disputa, y, sobre todo, la ciudadanía, tendrán que mostrar el nivel de madurez a través de participación informada.

En este ambiente, el IEEM ha puesto en marcha una estrategia que incentive a la ciudadanía mexiquense para ejercer su derecho a votar en la Elección Extraordinaria de integrantes del Poder Judicial del Estado de México 2025, de manera informada. Esta estrategia se ha denominado Metodología para la difusión y promoción de la participación ciudadana en el Estado de México, la cual incluye poner a disposición el sitio electrónico Conóceles, el cual proporciona información fundamental para poder escoger a las y los candidatos de nuestro interés.

La metodología en comento, fue estructurada con base en cuatro líneas de acción, las cuales son: 1) Acciones de Promoción; 2) Acciones de Comunicación; 3) Acciones de Difusión para el voto informado; y, 4) Acciones de Educación Electoral; y tiene como objetivos particulares:

a) Difundir, entre la ciudadanía mexiquense, los datos generales de la Elección Extraordinaria del PJEM, así como los cargos a elegir y las etapas del proceso electivo, mediante una campaña de comunicación con alcance estatal, instrumentada a través de los formatos de difusión, con una cobertura demográfica significativa y mediante el uso del lenguaje ciudadano.

b) Aportar a la ciudadanía información sobre el PJEM y la Elección Extraordinaria de sus integrantes, mediante la realización de eventos de contacto directo y un evento estatal de Promoción de la Participación Ciudadana.

c) Transparentar las candidaturas de las personas que participan en este Proceso Electoral, a través del Sistema Conóceles.

d) Proveer información y motivar a la reflexión sobre la importancia de este Proceso Electoral, mediante la realización de eventos académico-electorales, a desarrollarse en diversos lugares del Estado de México.

Para garantizar la realización y cumplimiento de las líneas de acción y sus objetivos, serán monitoreadas a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, la línea de acción 1) será monitoreada a través del Sistema de Registro de Promoción de la Participación Ciudadana (SIREPPCI), a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana. En la línea de acción 2), se realizará el seguimiento a los diferentes medios de difusión y comunicación utilizados por la Unidad de Comunicación Social, y se presentará de manera mensual un informe cualitativo y cuantitativo. En el marco de la línea de acción 3), con base en la programación de actividades, la Unidad de Transparencia realizará por lo menos 18 eventos de contacto directo con alianzas estratégicas y el seguimiento será a partir de cada uno de los eventos programados conforme a los realizados, de acuerdo con el municipio del Distrito Judicial en el que se lleven a cabo. En lo que respecta a la línea de acción 4), el Centro de Formación y Documentación Electoral integrará informes mensuales que den cuenta de la realización las conferencias o actividades académicas propuestas.

De forma complementaria, la Dirección de Participación Ciudadana, en calidad de Secretaría Técnica, dará a conocer a las integrantes de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a la Secretaría Ejecutiva, a la Junta General, así como a las personas integrantes del Consejo General en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México los avances registrados, de manera mensual y al concluir su implementación, presentará un informe final que integre la evaluación, a través de indicadores de desempeño, de cada una de las líneas de acción.

A nivel internacional y como república democrática, nuestro país es susceptible de ser observado y evaluado en el contexto de países con un régimen democrático. Sin duda, toda innovación rompe con paradigmas y esta elección de integrantes del PJEM se encamina a ello.

Esta elección pondrá a prueba a la ciudadanía, en su sentido de compromiso hacia sus autoridades electorales, así como de la confianza en las y los candidatos dispuestos a ofrecer su experiencia profesional y conocimientos en tareas fundamentales encaminadas a resolver conflictos entre las personas, resolver conflictos entre las personas y los órganos del poder público, proteger los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, además de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

El inicio del Siglo XXI, simbólicamente, constituye una etapa de cambios en los ámbitos político (con la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y, gradualmente, en los poderes ejecutivos estatales) y social (a través de la participación plural de diversos actores y grupos otrora invisibilizados).

El primer cuarto de este Siglo se caracteriza por la intensidad en la transformación de la sociedad mexicana. Una sociedad inserta en el contexto mundial y regional, con los desafíos propios de un proceso histórico integral que configura la nueva relación Estado-Gobierno-Sociedad.

En este marco de una sociedad compleja, diversos actores institucionales han desarrollado una función estratégica y fundamental. El entramado institucional se ha modernizado a través de diversas reformas y adaptado a los nuevos tiempos. Por ejemplo, el caso de los órganos responsables de organizar procesos electorales mediante los cuales se eligen a quienes representan los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos en sus ámbitos federal (INE) y estatal (IEEM); los cuales cumplen con su propósito que, fundamentados en sus principios, han redundado en la elección legítima de sus gobernantes. Los órganos electorales han contribuido de manera puntual para que la pluralidad social esté representada en los distintos ámbitos de gobierno.

Bajo la lógica de la modernización y cohesión de la estructura social, el vínculo bipartito entre Gobierno y Sociedad ha sugerido la innovación de algunas instituciones del Estado y el rediseño de instituciones que permitan la expansión y consolidación de la democracia[1]; tal es el caso, del Poder Judicial. Como es sabido, durante este año 2025 se llevará a cabo, de forma inédita, la elección del cincuenta por ciento de integrantes del Poder Judicial Federal; y, en el caso del Estado de México: una (1) persona Titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; cinco (5) personas Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial; veintiocho (28) personas Magistradas del Tribunal Superior de Justicia de diferentes regiones y materias (civil, penal y familiar); y cincuenta y cinco (55) personas juzgadoras (Juezas y Jueces) del Poder Judicial de diferentes distritos y materias (civil, penal, familiar, laboral y mixto de primera instancia).

Esta elección representa un desafío sin precedente y un reto para las instituciones responsables de organizar procesos electorales –para lo cual el IEEM se encuentra preparado-, para las instituciones responsables de calificar los resultados, para las y los aspirantes a ocupar uno de los cargos en disputa, y, sobre todo, para la ciudadanía a través del derecho a ejercer su voto.

En este momento inicial, este proceso electoral nos muestra que las diversas áreas de oportunidad se encuentran allí, esperando a ser documentadas, evaluadas y retroalimentadas para llegar a buen puerto. Como todo nuevo proceso, creativo, original, inexplorado, esta elección representa un momento fundacional más en la historia del IEEM. Asimismo, este proceso conlleva la necesidad de ahondar el vínculo del IEEM con la ciudadanía, mediante diferentes estrategias de comunicación y difusión, que permitan sensibilizar a los votantes sobre la importancia de su participación. En este sentido y acorde a las formas de comunicación de nuestros días, el uso de los medios masivos de comunicación, particularmente los medios electrónicos y digitales, representan una excelente alternativa para tal cometido.

Como en procesos electorales anteriores, el uso de las tecnologías de la información para implementar una estrategia de promoción del voto informado, imparcial y objetiva será una herramienta esencial acorde a la trascendencia de la ocasión como sustento principal de nuestro modelo de calidad democrática. Asimismo, la instrumentación de acciones y actividades de concientización bajo la modalidad presencial y técnicas como el contacto cara a cara, con grupos sociales estratégicos y plurales o en situación de vulnerabilidad, representan alternativas de comunicación ineludibles.

Hoy en día, nuestro modelo de democracia procedimental, fundamentado en la fortaleza de las instituciones responsables de organizar y calificar procesos electorales, garantiza su calidad. La convocatoria para el Proceso Electoral Extraordinario 2025 para la elección de las y los juzgadores del Poder Judicial del Estado de México es una realidad, en la cual la certeza, la imparcialidad, la legalidad, la máxima publicidad, la objetividad, la paridad y el profesionalismo constituyen los pilares del IEEM para lograr el desafío.

[1] Desde un punto de vista de la democracia como modelo minimalista, Adam Przeworki (Una defensa de la concepción minimalista de la Democracia. 1999), establece que una de las tres maneras de saber que un gobierno es representativo es si este atiende la voluntad de las personas o la mayoría de éstas (participación ciudadana), la cual se manifiesta a través de su participación en elecciones. La participación ciudadana se podrá evaluar en dos dimensiones: una prospectiva y otra retrospectiva.

Desde la visión maximalista, Larry (El desarrollo de la democracia: hacia la consolidación. 1997) Diamond establece once criterios para poder comprender la democracia liberal o constitucional, entre ellos la protección efectiva de las libertades individuales o de grupo, por órganos judiciales independientes, autónomos y no discriminatorios.

En la anterior entrega establecimos que la participación política ciudadana trasciende la emisión del voto para la elección de sus representantes políticos en los tres niveles de gobierno, pues contempla el involucramiento ciudadano de manera integral y holística, en ámbitos vinculados con la rendición de cuentas, el cumplimiento de promesas de campaña, así como el ejercicio transparente de los recursos públicos.

La ciudadanía integral (INE, 2017, ENCCÍVICA), supone pues, que las personas se encuentren inmersas no sólo en su contexto, sino en su realidad, la cual nos demanda una convivencia social democrática en la que se encuentren garantizadas las condiciones suficientes para el ejercicio de los derechos y satisfacción de necesidades de vida.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la suma de alianzas estratégicas, representan un papel esencial para consolidar una estrategia de amplio calado encaminada a la construcción de ciudadanía integral. A esta estrategia se le ha denominado Estrategia Nacional de Educación Cívica denominada “ENCÍVICA 2024-2026 y tiene como objetivo general aumentar el nivel de conocimientos sobre los derechos, responsabilidades y funcionamiento del gobierno, así como desarrollar habilidades para la participación activa de la sociedad mexiquense.

De igual forma, esta estrategia se fundamenta en la implementación y la coordinación de acciones que hagan frente a los retos que limitan la participación ciudadana y obstaculizan el desarrollo de una ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos más allá de los electorales (INE, 2024, ENCÍVICA).

La ENCIVICA tiene dos objetivos específicos: implementar procesos formativos de educación cívica e incentivar la participación electoral y no electoral; los cuales se cimentarán en dos ejes estratégicos. La formación, centrada en la educación, la enseñanza de habilidades cívicas, la promoción y comprensión del ejercicio de los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía; y la participación, enfocada en fomentar el involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos que impactan su vida cotidiana y la de su comunidad.

La estrategia establece que la implementación de las acciones establece cuatro elementos transversales que permitan garantizar: 1) la inclusión, 2) la equidad, la eficacia e igualdad de género; 3) la interseccionalidad; y, 4) la no discriminación e innovación tecnológica.

Centrémonos en el primer eje estratégico, la formación. Cuando hacemos referencia a este concepto, reconocemos que se trata de una acepción polisémica con diversos significados ya que cuenta con múltiples referentes teóricos, algunos afines y otros opuestos. Hablar de formación, implica trabajar desde una categoría de larga polémica a nivel epistemológico, filosófico y social.

Para el caso que nos ocupa, la formación hace referencia a un proceso complejo que necesita la vinculación de tres aspectos. 1) Los sujetos que cumplan el proceso, es decir, la ciudadanía. 2) Un punto de partida, como lo es la ENCÍVICA 2024-2026, cómo política pública que atiende, una o más problemáticas sociales. 3) Una fase final, que permita el seguimiento y evaluación del logro de competencias cívicas ciudadanas, es decir, los resultados de la implementación de esa política pública.

Por lo tanto, diríamos que la formación de competencias ciudadanas se entiende como un proceso que adquirirá sentido, en primera instancia por las y los ciudadanos; después, por las prácticas que se desarrollen durante su inclusión y participación en una estrategia y programa de actividades y, por último, su participación en actividades macro que involucren su participación, la de su comunidad, localidad, municipio o entidad federativa.

La suma de estos elementos, permitirán la construcción de un habitus ciudadano (Bourdieu, 2012)[1]; es decir, un proceso formativo continuo que permita que desde la niñez y la adolescencia, se desarrollen en los individuos un conjunto de conocimientos y actitudes indispensables para participar e involucrarse en la resolución de sus problemas comunes. Este habitus ciudadano, tendrá que fundamentarse desde una renovada base cívica, responsable, equitativa e incluyente.

La formación cívica será posible en la medida en que los actores políticos y sociales, y como coadyuvantes, las instituciones electorales instrumenten, desarrollen y evalúen su estrategia y objetivos; impulsando sus códigos, las costumbres, las formas de interacción, las formas de reproducción de valores, así como la convergencia de los capitales simbólicos y culturales en favor de la construcción de la y el ciudadano integral, participativo e interesado en las problemáticas de su localidad.  Todo ello conformará éste habitus.

Por último, al hablar de un proceso de formación cívico, será necesario reflexionar sobre las prácticas diferenciadas (por nivel educativo y de acuerdo con el desarrollo cognitivo) para lograr el impacto simbólico como formación de valores y conductas cívicas.  En este sentido, las prácticas serán producto del habitus cívico, y a su vez este será el resultado de la incorporación y asimilación que hará la ciudadanía del capital simbólico disponible en nuestro campo de referencia: La participación ciudadana en los ámbitos político y electoral.

Lograr nuestro objetivo de formación ciudadana integral, depende de los compromisos individual y colectivo para fomentar prácticas que abonen a la preservación de la democracia como modelo de colaboración política en el futuro inmediato, y también en el de largo plazo.

[1] Bourdieu, P. (2012). Bosquejo de una teoría de la práctica. Editorial Buenos Aires. Prometeo Libros.

Las experiencias electorales recientes, tanto en el ámbito local como federal, para la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, transformaron de manera profunda el escenario político electoral en nuestro país. Por ejemplo, en la pasada elección del 2 de junio de este 2024, en el ámbito federal se logró el 60.9% de participación[1] y, a nivel local, en nuestra entidad el nivel de participación ascendió al 64.3 por ciento del total de electores inscritos en el Listado Nominal[2].

Las cifras anteriores, dan cuenta del interés de la ciudadanía por participar en procesos electorales para elegir a sus representantes y delegar en ellos su confianza para administrar los recursos públicos y la consecuente implementación de políticas sociales destinadas a atender necesidades primarias –servicios de salud, vivienda, educación, subsidios al impuesto de gasolinas, entre otros-.

Para cumplir lo anterior y como una forma de contribución de las instituciones electorales, estas tienen como función primordial organizar y realizar procesos electorales de forma pacífica y con un compromiso cívico que permita dotar de legitimidad a las y los gobernantes electos.

Cuando hacemos mención del compromiso cívico lo hacemos recuperando a John Dewey (2017, La democracia como forma de vida) quien propone concebir a la ciudadanía como sujetos quienes de manera cotidiana hacen de la democracia una forma de vida; es decir, que la participación ciudadana significa involucrarse en asuntos de índole comunitario y búsqueda de soluciones a sus problemáticas comunes, de forma consciente y constante.

Para Dewey, la democracia es:

“un modelo de gobierno a través del cual se busca garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”;

además, se puede comprender como:

“la forma en que la sociedad se organiza para la realización de ideales éticos de primer orden como los expresados en las nociones fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad”

o como él lo llamó:

“cooperación reflexiva”.

Bajo esta referencia teórica, la participación política ciudadana no termina con la emisión de su voto. Por el contrario, cuando comprendemos la existencia de una ciudadanía involucrada no sólo en la elección de sus representantes en el poder de los tres niveles de gobierno, sino en el seguimiento de sus actos a través de la rendición de cuentas (accountability) y el cumplimiento de sus promesas de campaña, así como en la resolución y atención de sus demandas a nivel comunitario.

Pensar en este perfil de ciudadanía, nos conduce a la necesaria reconstrucción de la categoría del ciudadano (a) y sin ninguna dificultad, nos conecta con la figura de ciudadanía integral, establecida en el documento ENCCÍVICA (INE, 2017), la cual:

“supone que las personas que le dan vida a una comunidad política se asumen como titulares de derechos, prerrogativas y potestades políticas, cuya satisfacción resulta vinculante al Estado y, por lo tanto, deben ser garantizados y exigibles. A su vez, implica que la convivencia democrática de una sociedad depende de que las y los ciudadanos cuenten con las condiciones suficientes para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades”.

Como se puede observar, el referirnos al concepto de ciudadanía nos referimos al actor social que, involucrado en un contexto social y cultural del Siglo XXI, ejerce su derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión, el acceso a la información y libre opinión; y que, además, logra un posicionamiento de sujeto (Moufe y Laclau, 2015) involucrándose en actividades políticas de interés a su comunidad, grupos sociales, culturales -entre otros-, para lograr la atención y solución de sus problemas.

Frente a este ascenso y auge de participación ciudadana en asuntos de interés social y comunitario, se requiere del acompañamiento de instituciones que colaboren en la dotación de herramientas teórico prácticas, conocimientos y habilidades, para su apropiación.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), representan un papel fundamental en esta tarea cívica encaminada a la construcción de una ciudadanía integral involucrada en la solución de sus necesidades de socialización y convivencia democrática cotidiana. Ambas instituciones, representan la herramienta principal para difundir una filosofía que consolide la convicción de fomentar la democracia como forma de vida.

Para lograr este trascendente objetivo, será a través de la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Educación Cívica denominada “ENCÍVICA 2024-2026”, mediante la cual se esperan generar cambios de valores, actitudes y acciones en la ciudadanía, los cuales radican en un aumento del nivel de conocimientos sobre los derechos, responsabilidades y funcionamiento del gobierno, así como desarrollar habilidades para la participación activa de la sociedad mexiquense.

En nuestra siguiente entrega, hablaremos sobre esta estrategia de educación cívica, vista como un plan de formación humana y de ciudadanos integrales.

[1] Con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024, Elecciones Federales del Instituto Nacional Electoral. https://prep2024.ine.mx/publicacion/nacional/presidencia/nacional/candidatura .

[2] Con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024, Elecciones Estatales del Estado de México. https://prep2024.ieem.org.mx/#/diputaciones .