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En el mundo existen más de 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad que representan el 15% de la población global, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021). En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), una persona con discapacidad es aquella que tiene dificultad para llevar a cabo actividades consideradas como básicas: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. Así pues, conforme el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 7,168,178 personas con discapacidad, que se traduce en el 5.7% de la población total mexicana. Además, de esta cantidad 48% son hombres y 52% mujeres.

Es de resaltar que, en específico, las mujeres y las niñas con discapacidad se encuentran más propensas a experimentar violencia. En términos de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2022) tienen cuatro veces más de probabilidad de convertirse en víctimas de violencia sexual.

En esta línea, cabe precisar que las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan violencia interseccional por ser mujeres o niñas y personas con discapacidad. Por consiguiente, atraviesan múltiples desventajas al ser excluidas, discriminadas y estereotipadas por la comunidad, y violentadas por agresores o agresoras que, en la mayoría de los casos son personas en las que confían plenamente como familiares, o bien, por personal dedicado a sus cuidados, generando en ellas secuelas multidimensionales.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) puntualiza que la prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida es del 70.1%, sin embargo, este porcentaje aumenta a 72.6% cuando se trata de mujeres con discapacidad, considerando que la violencia que padecen es psicológica, física, sexual, económica y patrimonial.

En la esfera internacional, datos gubernamentales de Australia de 2022, arrojan que en este país una de cada dos personas con discapacidad, un 47% o 2.7 millones, ha experimentado violencia desde los 15 años, mientras que una de cada cinco personas con discapacidad, es decir, un 20% o 1.1 millones, ha sufrido violencia sexual desde antes de los 15 años. Por cuanto hace a mujeres con discapacidad, una de cada cuatro, esto es, 25% o 748 mil, han padecido violencia sexual, y dos de cada cinco, 40% o 1.2 millones, han experimentado violencia física desde los 15 años.

En Estados Unidos de América, las organizaciones de defensoría relacionadas con violencia de género como Sanctuary for Families (2023), señalan que el 80% de mujeres con discapacidad norteamericanas han sufrido violencia sexual y, las niñas con discapacidad tienen el doble de probabilidad de padecer violencia física y sexual que las niñas sin discapacidad. Inclusive tanto mujeres como niñas con discapacidad sufren formas particulares en el ejercicio de la violencia, por ejemplo, las personas perpetradoras las sobremedican y avergüenzan, les niegan la ayuda para brindar las necesidades básicas y dañan a sus animales de servicio.

De lo anterior se aprecia que las cifras nacionales y mundiales citadas presentan variaciones, sin embargo, tienen un común denominador, el riesgo de experimentar violencia sigue siendo mayor para las mujeres y las niñas con discapacidad.

En este contexto, el 3 de diciembre se conmemoró el día internacional de las personas con discapacidad y precisamente converge con los 16 días de activismo contra la violencia de género que se llevan a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre de cada año, espacio que debe aprovecharse para fomentar la inclusión, así como entornos libres de violencia, e impulsar la accesibilidad, en otras palabras, acciones efectivas que aporten para crear una realidad distinta a la que hoy se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad.

Es innegable el incremento de la presencia de la conversación en torno a la violencia, específicamente la que es dirigida a las mujeres por el hecho de serlo, en los últimos años. Sin embargo, es notable también el aumento de una apatía que resulta esperada ante temas tan incómodos y escenarios no muy optimistas.

A ninguna persona le agrada reconocerse víctima de violencia, mucho menos preguntarse si ha sido responsable de haberla cometido. Tampoco podemos esperar que las formas de relacionarnos y de entender el mundo y a las personas cambien de manera drástica por la sencilla exposición a la discusión sobre cómo éstas han sido influenciadas por ideas y convenciones que han perjudicado a las mujeres. Tradición en contra de transformación parece una batalla con un resultado fácil de anticipar.

Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para hacer una demanda por la erradicación de la violencia que afecta a mujeres y niñas, pero, además, una representación sobre la importancia que le damos a tal tarea a nivel colectivo e individual.

Esta campaña internacional se desarrolla desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, dando en total 16 días en los que tenemos la oportunidad de demostrar explícita y creativamente nuestra preocupación por la prevalencia de la violencia y nuestro compromiso con la igualdad.

Posicionarse en contra de la violencia, requiere de más que de un ejercicio pasivo. Por supuesto, desde nuestra perspectiva, la forma efectiva de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas es abstenerse de ejercerla; no obstante, los 16 días de activismo contra la violencia de género nos requiere una muestra activa, un esfuerzo, un actuar para dar el mensaje de que la violencia nos preocupa y nos ocupa.

En nuestras vidas personales, sabemos que las cosas que valen la pena son aquellas que toman tiempo, son difíciles y que necesitan de constancia y dedicación. Si trasladamos este saber a la justicia social, hallaremos en el uso cotidiano de la empatía, la auto crítica y la reflexión sobre qué hacemos y qué podemos hacer, un aporte a la solución de un problema de dimensiones tan vastas y complejas.

La violencia contra las mujeres y niñas puede tomar múltiples formas, desarrollarse en distintos escenarios y variar en intensidad, frecuencia y notoriedad. La ley nos ha dado tan sólo un panorama de esto estableciendo tipos y modalidades, pero la realidad supera a la norma escrita con naturalidad. De esto podemos inferir que, en su erradicación, es seguro que al menos en cierta medida podemos contribuir.

Una sociedad en la que las mujeres y las niñas sean víctimas de violencia por una arbitrariedad tal como su sexo, no es una en la que pueda encontrarse justicia, ni democracia. En la función electoral sabemos lo importante que es la participación, por ello, invitamos a formar parte de este más que necesario movimiento por la dignidad de ellas.

Hablar de las otras es hablar de nosotras. En México el auge del movimiento sufragista que se dio a principios del siglo XX, aspiraba al reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, el camino andado desde 1923 cuando Elvia Carrillo Puerto fue la primera candidata electa a una diputación local por el estado de Yucatán y Rosa Torres González resultó electa como la primera regidora municipal, definitivamente no ha sido en línea recta, es sinuoso, en ocasiones estrecho, limitando el paso hacia el ejercicio efectivo de derechos, accidentado, con algunas restricciones e incluso prohibiciones.  

Las reformas en materia de reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres datan de 1946, cuando la cámara de diputados aprobó la iniciativa del presidente Miguel Alemán Valdés para reformar el artículo 115 de la constitución federal, el resultado fue que las mexicanas por primera vez podían ejercer su derecho al voto en elecciones locales.

En 1953 con la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I de dicho ordenamiento se reconoce la ciudadanía de las mujeres mexicanas, sin embargo, fue hasta las elecciones de 1955 cuando participarían efectivamente emitiendo su voto, destacando, de las 4 mujeres que resultaron electas, Remedios Albertina Ezeta fue elegida como diputada federal por el Estado de México.

Con el establecimiento del sistema de cuotas en los años noventa y la reforma al artículo 41 constitucional en 2014 donde a partir del reconocimiento del principio constitucional de paridad inicia otro paradigma en materia de derechos políticos, al normar que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no es una acción afirmativa, es un nuevo contrato social, la redistribución del poder público entre mujeres y hombres. 

En 2019 con la reforma conocida como paridad en todo se crearon los mecanismos para garantizar que la paridad no solamente se cumpliera durante la etapa de registro, sino en todos los procesos administrativos en todos los órdenes de gobierno.

En nuestra entidad, fue a partir de la aprobación de los decretos 186 y 187 en septiembre de 2020, que se sentaron las bases para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, brindando condiciones más justas, igualitarias y libres de violencia.

A 70 años, la lucha de las mujeres por garantizar el ejercicio efectivo del derecho a votar, a ser votadas, tiene aún deudas pendientes. De cara al proceso electoral 2024, el contexto político en el Estado de México se ha transformado. Por primera vez, la contienda por la gubernatura se dio entre dos candidatas, el destino, rumbo político y administrativo de las y los mexiquenses ahora es liderado por una mujer.

No obstante, el camino aún es largo, la paridad en el nivel local todavía es incipiente, lo que se ha convertido en uno de los principales retos. Los resultados de este nuevo contrato social han sido lentos, especialmente por cuanto hace a las presidencias municipales, de los 125 ayuntamientos, en los últimos tres procesos electorales locales se ha aumentado de 20 mujeres encabezando una administración municipal en 2015 a 39 en 2018; actualmente 47 municipios son encabezados por una mujer.

El Instituto Electoral del Estado de México se prepara rumbo al proceso electoral concurrente 2024 donde renovaremos el congreso y los ayuntamientos, por una parte, se deberá cumplir con el principio de paridad en sus tres vertientes y por el otro, brindar apoyo, asistencia y asesoría a todas las mujeres candidatas, precandidatas y sus equipos, así como aquellas que participan en política.  

Garantizar una contienda en condiciones de igualdad y libre de violencia política contra las mujeres en razón de género no es solo un compromiso institucional, sino una convicción; a 70 años del reconocimiento del derecho a votar de las mexicanas, las exigencias se han modificado pero la lucha sigue, todas y todos podemos sumar en la construcción de democracias incluyentes.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) señala que la igualdad salarial es el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, que contribuye a la eliminación de la discriminación. No obstante, de la historia se desprende que las mujeres han recibido un salario menor en comparación con los hombres, derivado de la idea de que ellas no necesitaban un salario para subsistir, en virtud de que sus padres, maridos o, en su caso, hijos varones eran los encargados de proveerles y aportarles lo indispensable para cubrir sus necesidades básicas, lo que se convirtió en una práctica habitual reafirmando los roles y estereotipos de género.

En consecuencia, desde una perspectiva de género, en el ámbito laboral se han establecido bases legales para garantizar la igualdad sustantiva en favor del principio de igualdad en la remuneración, sin embargo, las mujeres, todavía, tienden a recibir salarios más bajos que los hombres por trabajos iguales o equivalentes, no solo en México sino a nivel internacional, además de que se ha mantenido la desigualdad para acceder a empleos formales, la división sexual del trabajo y la masculinización o feminización en los puestos de trabajo. 

Máxime, que las mujeres tienen el desafío de una doble carga, la familiar y la laboral, que representa una limitante para el acceso a posiciones mejor pagadas. Es por eso que muchas de ellas prefieren optar por el comercio informal enfrentando condiciones laborales precarias con baja retribución.

En 2022 según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la brecha salarial se estima en un 14%, lo que significa que, por cada 100 pesos percibidos por un hombre, 86 pesos son recibidos por una mujer.

En términos del informe Mercado Laboral y Brechas de Género del colectivo México, ¿Cómo vamos?, en el primer trimestre de 2023 el ingreso laboral promedio, para las mujeres fue de 7,659 pesos mientras que para los hombres de 9,393 pesos. Ahora bien, el ingreso laboral promedio tratándose de un empleo formal, en cuanto a las mujeres fue de 10,562 pesos y respecto a los hombres de 12,240 pesos. Además, el ingreso laboral promedio referente al empleo informal para las mujeres fue de 5,186 pesos y para los hombres de 6,958 pesos. 

De igual forma, se observa que las horas trabajadas a la semana promedio fueron 36 para las mujeres y 43 para los hombres, sin embargo, las horas trabajadas en tareas del hogar y cuidados no remuneradas fue de 42 para las mujeres y 19 para los hombres.

También, un dato alarmante, que genera reflexión, es que el 37.7% de la población en México no cuenta con los ingresos laborales del hogar para obtener la canasta básica, por ende, no alcanza para cubrir la alimentación de las y los integrantes de la familia. Esto se denomina pobreza laboral que, al desagregarse, cuando se apunta a las mujeres, dicho porcentaje aumenta a 39.7% y, con relación a los hombres, disminuye a 35.6%.   

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de septiembre como el día internacional de la igualdad salarial, pese a ello, estas cifras demuestran que los esfuerzos por una justicia remunerativa quedan mermados. Así que, es importante implementar acciones como la promoción de políticas de igualdad salarial, la sensibilización sobre la discriminación de género, la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, así como invertir en programas de capacitación y desarrollo profesional.

Actualmente, el hablar de lactancia materna continúa generando un debate que surge a partir de conceptualizar este proceso en dos sentidos: en primer lugar, saberlo como un acto necesario para las infancias y, en segundo, inclinarse a su sustitución por fórmulas lácteas o algunos otros productos parecidos, argumentando que representa mayores beneficios.

A este debate se suma que, a lo largo de la historia moderna y posmoderna, las prácticas de lactancia materna se han visto frenadas por la censura que surge desde la esfera cultural y social a la que las madres pertenecen, así como sus características particulares, tales como: clase social, región en la que habitan, creencias, el acceso a los servicios de salud y a la educación sexual y reproductiva, entre otras. Con lo anterior podría inferirse que, si el acceso de las personas a los servicios de salud y la educación sexual y reproductiva es limitado, será más complejo que las madres puedan llevar a cabo estos procesos alimenticios de forma adecuada y segura.

En consecuencia, se da la necesidad de concientizar a la población al respecto e impulsar su práctica e incorporación en los procesos de crianza. Por ello, la Organización Panamericana de la Salud a partir de 1992, comenzó a celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se realiza anualmente del 01 al 07 de agosto, con el objetivo de educar y enseñar a la población sobre esta práctica, así como los beneficios que representa en la salud de las infancias y de las madres.

A dichas tareas encaminadas para desmontar la censura y los tabúes a los que se enfrentan las mujeres, se integra la labor desarrollada en los diversos ámbitos institucionales, sociales e incluso en la esfera de las políticas públicas y las modificaciones a la legislación correspondiente; un ejemplo de ello en México es lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 170, fracción IV, el cual establece que las madres trabajadoras tendrán derecho durante el periodo de lactancia, hasta por seis meses, a dos reposos extraordinarios de media hora cada uno diariamente para alimentar a sus hijas o hijos en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. En la esfera estatal, se cuenta con la Ley de Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna en el Estado de México, que busca garantizar la salud, el crecimiento y desarrollo integral de lactantes, niñas y niños pequeños, a través del ejercicio pleno de la lactancia en cualquier ámbito. El IEEM se une a estos quehaceres desde la promoción y concientización de los procesos alimenticios primarios; incluso en el año 2015 inauguró un lactario para las madres trabajadoras del instituto para reforzar esfuerzos, además que esto representa un avance en el logro de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Pero ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lactancia materna? Esta se refiere al proceso de alimentación en el que la madre proporciona a su bebé leche del seno materno, contribuyendo de manera significativa al desarrollo óptimo y saludable durante la primera infancia.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la lactancia materna ayuda a las infancias a prevenir el sobrepeso y la diabetes tipo 2, les protege contra la leucemia, reduce el riesgo del síndrome de muerte infantil y favorece su desarrollo cognitivo. Además, las madres que eligen lactar tienen menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, cáncer de mama o cáncer de ovarios, en comparación con las que eligen no lactar.

Finalmente, la lactancia materna no solo representa beneficios a nivel de desarrollo físico e intelectual, sino también simboliza la oportunidad insustituible para la conformación del vínculo primario, es decir, la relación bebé-madre; este vínculo primario es la base fundamental para el desarrollo de las etapas posteriores de vida de las personas, pues influye significativamente para alcanzar un bienestar intrapsíquico y en la construcción de relaciones interpersonales sanas.